Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión celebrada el 24 de marzo en la capital del país, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta contradicciones en su política de financiamiento al cancelar becas para 2025 y 2026 pese a haber destinado millones de pesos a instituciones científicas en años anteriores.
La modificación legislativa busca fortalecer el derecho a una vivienda adecuada y cuenta con el respaldo de la Comisión de Vivienda, encabezada por Maribel Martínez Ruiz. La iniciativa se suma a otros esfuerzos federales como el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas, aunque persisten desafíos estructurales dado que más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal.
En el ámbito judicial, la SCJN bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz reportó haber donado 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia durante 2024, acumulando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años. Sin embargo, el tribunal confirmó la cancelación de donativos para becas en el ciclo 2025-2026 debido a la falta de presupuesto, una decisión que contrasta con la asignación de 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para eventos sindicales en este mismo año.
Entre 2021 y 2024, la Corte destinó 10.2 millones de pesos para actividades sindicales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la priorización de recursos públicos. Esta tensión financiera ocurre en un contexto donde el máximo tribunal promueve convenios para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aunque su presidente admite que aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país.
Los datos del sistema de justicia reflejan avances parciales en materia de inclusión; en Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, mientras que en otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistradas como Mónica Soto Fregoso participan activamente en la consolidación de estas políticas. A nivel local, diputadas como Diana Sánchez Barrios en el Congreso de la Ciudad de México y autoridades en Aguascalientes también impulsan agendas relacionadas con derechos sociales y vivienda.
La dinámica legislativa y judicial muestra una descentralización de las acciones políticas, con intervenciones desde la Alcaldía La Magdalena Contreras, liderada por Fernando Mercado Guaida, hasta organismos federales como Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza, y la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora. No obstante, la falta de claridad sobre los montos específicos afectados por la cancelación de becas y los detalles completos de nuevas leyes en materia de ciencia e innovación mantienen abiertos debates sobre la transparencia y el impacto real de estas reformas.
