Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados programó sesionar después del receso de Semana Santa para dictaminar sobre la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
Hugo Eric Flores, diputado morenista y presidente de la sección instructora, informó que la reunión se llevará a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El legislador explicó que la decisión de esperar al retorno de las vacaciones busca no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual ocupa la agenda legislativa en estos días.
La acusación formal fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que imputa a Moreno Cárdenas responsabilidades por el desvío de recursos durante su gestión. Este proceso jurídico se suma al escrutinio administrativo que enfrenta el político por las auditorías realizadas a su gobierno estatal, el cual ejerció entre septiembre de 2015 y junio de 2019.
Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que, en enero de 2022, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos de las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Esta cifra representaba el 98 por ciento del total de irregularidades encontradas en dicho año, donde inicialmente se identificaron posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos.
Análisis de datos publicados por medios de comunicación señalan que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola para el priista en los últimos años, ya que se perdonaron o solventaron cuentas que dejó pendientes como gobernador. De los montos observados, más de 2 mil 700 millones de pesos fueron objeto de perdón o solventación, reduciendo la cantidad exigible en los reportes posteriores.
El caso ha generado una convergencia entre el proceso penal por los 83 millones de pesos y el proceso administrativo-contable por los miles de millones detectados por la ASF. Mientras la Comisión Instructora avanza hacia la votación del desafuero, la presión política se mantiene sobre la figura de Moreno Cárdenas, quien continúa al frente de la dirigencia nacional de su partido y como integrante de la Cámara Alta.
