Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el 23 de marzo. La resolución impone una garantía económica fijada alrededor de 100 mil pesos y establece un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa a Bonilla Valdez de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en compromisos financieros onerosos para el estado. El proyecto, que contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años, lo que según la acusación representa un daño al erario estatal.
En su defensa, el exgobernador argumentó que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones. Asimismo, Bonilla Valdez sostuvo que su administración únicamente pactó el pago por un servicio de suministro de energía y no la construcción de la infraestructura, contradiciendo las acusaciones sobre supuestas irregularidades en los permisos y obligaciones financieras contraídas.
La audiencia tuvo lugar en la Ciudad de México, donde se presentaron los argumentos de ambas partes ante el juez federal. Aunque la investigación no detalla las pruebas específicas exhibidas por la fiscalía ni el nombre exacto del tribunal, el magistrado consideró suficientes los elementos para iniciar el proceso penal en contra del exmandatario, quien posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT).
El caso Next Energy ha generado tensión política entre el gobierno actual de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la administración anterior. La controversia se centra en la viabilidad del contrato firmado y las consecuencias económicas que este representa para las finanzas públicas de la entidad, mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria que podría derivar en nuevas imputaciones o aclaraciones sobre los colaboradores involucrados.
