Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un acuerdo institucional el 20 de marzo de 2026 en la capital del país, con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la función jurisdiccional. El convenio fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto que busca alinear la práctica judicial con los principios constitucionales de equidad.
De manera paralela a este esfuerzo institucional, el Senado de la República ha emitido un llamado para armonizar las legislaciones locales en materia de género en todas las entidades federativas. La senadora Malú Micher destacó la necesidad de uniformar los marcos legales estatales para garantizar que los derechos de las mujeres no varíen según la geografía, aunque la investigación no detalla plazos específicos ni mecanismos de seguimiento establecidos por el Poder Legislativo para esta tarea.
En contraste con los anuncios oficiales sobre avances en derechos humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil han elevado su voz para exigir que los derechos de los pueblos indígenas trasciendan el plano declarativo. Indigenous Peoples Rights International México, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México, demandan la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que haga vinculantes estas garantías, sin que hasta el momento se especifique el contenido o estatus legislativo de dicha iniciativa.
La discrepancia entre el discurso institucional y la realidad operativa en los tribunales se ve reflejada en casos concretos que han generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia. Registros recientes señalan la actuación de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó amparos a favor del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes, así como resoluciones relacionadas con José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández. Estos episodios sugieren tensiones en la aplicación de la justicia que contrastan con los objetivos de transparencia y equidad promovidos por la SCJN.
En el ámbito de la transparencia y acceso a la información, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ha integrado más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones. Esta herramienta representa uno de los repositorios de información pública más grandes de América Latina, aunque persisten desafíos para que la disponibilidad de datos se traduzca en una mejora tangible en la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas del sistema de justicia.
