Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas denunciaron un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, confiscación de bienes a opositores y endurecimiento de políticas migratorias en países como Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Las alertas surgieron en medio de reportes sobre la desaparición de deportados salvadoreños y el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina.
Human Rights Watch (HRW), a través de su dirigente Juanita Goebertus, documentó un aumento significativo en las deportaciones desde Argentina, donde se expulsó o negó la entrada a 5.000 personas en los últimos dos meses. En 2024, el país sudamericano deportó a 620 individuos, un 40% más que el año anterior, bajo una política migratoria que autoridades locales han alineado con modelos restrictivos. Paralelamente, en El Salvador, se reportó la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien el gobierno estadounidense acusa de liderar la pandilla MS-13, aunque no se ha presentado evidencia pública que vincule al resto de los desaparecidos con actividades criminales.
En Venezuela y Nicaragua, la situación de los opositores políticos se ha agravado con la confiscación de bienes y desapariciones forzadas. Lilian Tintori realizó una denuncia pública sobre estos actos, mientras que familiares como Thelma Brenes y el activista Amaru Ruiz han testimoniado sobre la persecución gubernamental. En Nicaragua, el dirigente chavista Carlos Brenes figura como desaparecido, y en Venezuela se mantienen presos o bajo presión figuras como Leopoldo López y Enrique Márquez. Las autoridades de estos países no han proporcionado detalles específicos sobre los cargos o el paradero de los implicados.
La crisis también tiene un componente socioambiental y de género en Argentina, donde vecinas de Mendoza, incluyendo a Macarena Limousin, lideran protestas contra proyectos extractivos, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro analizan el impacto de las políticas actuales. Este contexto se suma a la cifra histórica de 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina, un referente que las organizaciones civiles buscan preservar frente a lo que describen como un retroceso en las políticas de memoria.
Las contradicciones en los discursos oficiales son evidentes: mientras los gobiernos de EE.UU. y El Salvador etiquetan a los deportados como pandilleros, las familias y HRW niegan dicha condición para la mayoría de los casos. Además, más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales solo el 10% tenía antecedentes penales, según los datos disponibles. Más de 250 venezolanos también fueron repatriados forzadamente en el mismo periodo.
Ante la falta de respuestas oficiales claras sobre el estatus legal de los detenidos, la ubicación de las redadas en Argentina o el estado de salud de liberados como William Dávila, las organizaciones civiles exigen transparencia y el cese de las prácticas que consideran violatorias de derechos humanos. El panorama descrito por las fuentes apunta a una consolidación de mecanismos autoritarios en la región, con víctimas directas buscando justicia ante la indiferencia o negación de los Estados involucrados.
