Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes frente a actos de discriminación y hostigamiento ocurridos en el campus. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en incidentes registrados principalmente durante 2023 y 2024, periodo marcado por la instalación de un campamento antiisraelí que permaneció activo durante 20 días en las instalaciones académicas. Según los argumentos del gobierno federal, la universidad permitió un entorno donde alumnos de origen judío e israelí fueron sometidos a acoso y agresión física sin que la institución tomara medidas efectivas para garantizar su seguridad o cumplir con las leyes federales de derechos civiles.
Este procedimiento judicial representa la tercera demanda presentada por la Administración Trump contra Harvard. El conflicto tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de investigación que recibe la institución; dicha medida fue bloqueada en su momento por un juez federal, pero la presión gubernamental se ha mantenido hasta la presentación formal de esta nueva acción legal.
El trasfondo de la disputa se vincula directamente con las movilizaciones estudiantiles desatadas tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, las cuales derivaron en protestas propalestinas y antiisraelíes dentro del recinto universitario. La investigación señala que la falta de respuesta institucional ante estas manifestaciones derivó en un clima de inseguridad para la comunidad judía del campus, motivo que el Departamento de Justicia esgrime como violación de normativas federales.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Boston, aunque los detalles específicos sobre el número de caso o la magistratura exacta no han sido difundidos en el comunicado inicial. Por su parte, la Universidad de Harvard ha emitido una declaración institucional en respuesta a los hechos, aunque el contenido formal de su defensa legal ante el court aún no ha sido detallado públicamente.
Las cifras involucradas en el litigio son significativas, dado que Harvard depende de subvenciones federales por valor de miles de millones de dólares para financiar sus programas de investigación y operación. La decisión del gobierno busca establecer un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones educativas de alto nivel en la prevención de la discriminación religiosa y étnica dentro de sus espacios.
Con esta acción, la administración federal intensifica su postura respecto a la gestión de la diversidad y la seguridad en los campus universitarios, poniendo bajo escrutinio las políticas de las grandes universidades privadas frente a los conflictos geopolíticos que se reflejan en el ámbito académico estadounidense.
