Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial que se discute en el Congreso, en un contexto donde también se analiza el elevado costo de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE). Según un estudio del Centro de Estudias de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el INE ha ejercido más de 242 mil millones de pesos entre 2018 y 2026, destinando casi el 40% de su presupuesto de este año al financiamiento de partidos políticos.
La ministra Esquivel Mossa, en declaraciones públicas, señaló la necesidad de realizar ajustes a la iniciativa de reforma judicial para garantizar su eficacia y legitimidad. Aunque no detalló públicamente los puntos específicos de su propuesta, la llamó un “decálogo de ajustes”, lo que sugiere una serie de modificaciones puntuales al proyecto que busca transformar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial federal.
En paralelo, el estudio presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas revela la magnitud del gasto del INE. Para el ejercicio fiscal de 2026, tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de su presupuesto total. El más significativo es el financiamiento público a los partidos políticos, que representa el 39.3% de los recursos asignados al instituto para este año. Este dato pone sobre la mesa el debate sobre el costo de la democracia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos por parte de los organismos autónomos.
Desde otro organismo electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, también se pronunció. En un comunicado, defendió el papel de la justicia electoral y promovió el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, para descongestionar los tribunales y resolver conflictos de manera más ágil. Bátiz García hizo referencia a las “controversias políticas” que llegan al tribunal, aunque sin especificar casos o actores particulares.
Estos pronunciamientos simultáneos de altas figuras de la SCJN y el TEPJF, junto con el análisis presupuestal del INE, reflejan un momento de intenso debate institucional en México. La discusión se centra en el balance entre la autonomía, el costo de operación y la reforma de poderes del Estado, en un año donde los temas de justicia y gasto público están en el centro de la agenda nacional. La propuesta de la ministra Esquivel podría influir en las negociaciones legislativas finales de la reforma judicial.
