Por Redacción:
Ciudad de México, miércoles 24 de septiembre de 2025. El caso de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años que murió en Durango una semana después de someterse a una cirugía estética de implantes mamarios, detonó una investigación penal y la denuncia formal ante la Fiscalía estatal contra la madre de la menor y el médico que la intervino. De acuerdo con el padre, Carlos Arellano, la operación se practicó el 12 de septiembre en una clínica privada de la capital duranguense sin su conocimiento ni consentimiento, y la menor falleció el 20 de septiembre tras pasar por paro cardiorrespiratorio, edema cerebral, coma inducido e intubación. El padre afirma que fue engañado sobre el motivo del viaje y el origen de las complicaciones —primero se le dijo que era por COVID-19 y luego por una “enfermedad respiratoria”—, y que se enteró de la cirugía en el funeral; ese relato quedó asentado en su querella y ha sido recogido por medios nacionales e internacionales.
En las últimas 24 horas, El País, El Financiero y Agencia Reforma (vía Dallas News en Español) detallaron la línea de tiempo que hoy guía la indagatoria: intervención el 12 de septiembre; hospitalización con complicaciones severas días después; muerte el 20 de septiembre; y denuncia contra la madre —identificada como Paloma “N.”— y el cirujano Víctor “N.”, a quien el padre ubica como pareja sentimental de la mujer. Las piezas periodísticas divergen en matices (nombre comercial del hospital, notas del acta médica), pero convergen en el núcleo verificable: hubo cirugía estética, la menor tenía 14 años, no hubo consentimiento del padre, y la Fiscalía de Durango ya investiga.
El expediente ha abierto, además, un debate sanitario y legal sobre los límites de la cirugía plástica en menores de edad y la responsabilidad profesional de quienes la ofertan. Mientras activistas y especialistas hablan de “violencia estética” y piden sanciones ejemplares, la autoridad sanitaria local matizó que el médico señalado está certificado y que no detectó irregularidades en una revisión inicial del hospital, postura que no cierra el aspecto penal ni el de responsabilidades civiles: el escrutinio ahora pasa por prontuarios, consentimientos informados, indicación médica, anestesia, tiempos de reacción y traslado oportuno a terapia intensiva. La discusión se da, además, en un país donde la Cofepris ha clausurado 97 clínicas clandestinas en tres años, lo que pinta un contexto de riesgo para procedimientos fuera de estándar.
Para la vía penal, los tipos más citados por penalistas son homicidio culposo por responsabilidad médica, lesiones y omisiones que encuadren en negligencia; para la vía administrativa y civil, entran las faltas sanitarias, la mala praxis y la reparación del daño. La presunción de inocencia rige para los señalados, pero la carga probatoria —que ya recaba la Fiscalía General del Estado de Durango— incluye dictámenes periciales, historial clínico, trazabilidad de insumos, videos y testimonios; el propio padre ratificó que su denuncia va contra la madre, el médico y la clínica —por encubrimiento y negligencia—, y exige que se esclarezca quién autorizó y bajo qué protocolos se operó a una menor de 14 años.
En el terreno social, el caso desató muestras de indignación y la etiqueta “Justicia para Paloma Nicole” en redes, mientras Primer Impacto (Univision) difundió el video del padre y El Financiero sistematizó datos clave: edad, fechas, lugar, vínculo entre los adultos y la cronología hospitalaria. En paralelo, El País ubicó el asunto en una ola de procedimientos estéticos con estándares dispares; y Reforma (cuya pieza replicaron diarios de EE. UU.) subrayó el cambio de versiones sobre la causa de muerte en las primeras horas. El resultado, para hoy, es una investigación abierta, con la opinión pública volcada en el escrutinio de ética médica, control sanitario y consentimiento en menores.
La familia y organizaciones civiles piden dos cosas inmediatas: verdad —peritajes independientes, difusión de conclusiones forenses y cadena de decisiones de la clínica— y justicia —determinación de responsables y reparación—. Las próximas horas deberían traer comunicados de la autoridad ministerial con tipificación preliminar, así como actuaciones en la clínica y coordinación con autoridades sanitarias. Hasta entonces, este caso queda como una alarma: ningún procedimiento estético es “menor” cuando se trata de una persona menor de edad, y la protección de niñas, niños y adolescentes exige reglas estrictas, supervisión real y cero tolerancia a atajos clínicos.
