Por Redacción
Ciudad De México, 23 de octubre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó esta semana la entrega directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Con ello, serán las propias comunidades quienes administren esos recursos y definan, conforme a sus mecanismos de decisión, las obras y acciones que consideran prioritarias, sin intermediarios.
La determinación judicial se apoya en la reforma constitucional de 2024, que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. De acuerdo con Chubasco, esa reforma "comenzó a saldar, al menos en parte, una deuda histórica" con estos pueblos.
El camino previo estuvo marcado por otros momentos. Los Acuerdos de San Andrés de 1996 comprometieron al Estado mexicano a reconocer la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, mientras que la reforma constitucional de 2001 los reconoció como sujetos de interés público, una categoría que limitó su reconocimiento a los ámbitos culturales e identitarios. En 2019 ese mismo esquema se extendió a las comunidades afromexicanas.
El nuevo escenario, señala Chubasco, "invita a replantear la propia organización del Estado y abre una discusión sobre si ese reconocimiento puede suponer el inicio de un cuarto orden de gobierno, junto a los órdenes federal, estatal y municipal". El mismo análisis apunta: "Tal vez todavía es prematuro hablar de un cuarto orden de gobierno, pero cada vez resulta más difícil sostener que el Estado mexicano puede seguir entendiéndose sin incorporar plenamente a quienes ya fueron reconocidos como sujetos de derecho público".
Lo que queda por definirse es el alcance legal del reconocimiento. La futura Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas podrá definir el alcance, los mecanismos de coordinación y las reglas para determinar si ese estatus jurídico se hace efectivo o queda reducido a una declaración de principios.
Por lo pronto, queda confirmado que la SCJN validó la entrega directa de los recursos del fondo y que las comunidades los administrarán sin intermediarios, conforme a sus propios mecanismos de decisión.



