Por Redacción
Ciudad De México, 10 de octubre de 2026.- La Corte Suprema de Argentina falló este viernes en sentido contrario a una resolución previa y dispuso suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras, con lo que vuelven a regir los límites previstos en esa normativa para la venta de tierras a extranjeros.
De acuerdo con la resolución, ninguna provincia puede tener más del 15% de su territorio en manos de extranjeros y, en el área más productiva —conocida como zona núcleo—, el máximo permitido por titular foráneo son 1.000 hectáreas.
Esta segunda resolución fue firmada por dos de los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y dos conjueces convocados para suplir las vacantes que hay en la Corte Suprema. El tercer juez supremo, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y cuestionó con dureza la decisión de sus colegas.
Por mayoría, el máximo tribunal ordenó suspender los efectos del artículo 154 hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de quienes promovieron una demanda colectiva y examine su pedido de protección judicial. No se trata, por tanto, de una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino de una medida cautelar destinada a evitar posibles daños mientras continúa el proceso.
La novela judicial comenzó el 29 de septiembre. Ese día, la Corte revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto de Milei. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que impulsaba la demanda en defensa de la soberanía nacional, no tenía legitimación suficiente para reclamar judicialmente la restitución de la ley.
En teoría, ese fallo de la Corte Suprema concedió a Milei lo que había intentado sin éxito desde hace tres años: desregular la venta de tierras para atraer inversiones. El presidente había probado, primero, por DNU; después, por vía legislativa. Chocó con la Justicia y con la oposición.
Tras conocerse la decisión de este viernes, varias organizaciones sociales anunciaron una marcha contra la decisión judicial para el 15 de octubre. Los partidos opositores comenzaron a buscar votos en la Cámara de Diputados para rechazar el decreto completo —con más de 350 artículos—, mientras el movimiento ecologista insistió por otros flancos en la Justicia.



