• Proyecto busca llevar formación técnica certificada a personas privadas de la libertad en CEFERESOS, como eje para reducir reincidencia
• Estrategia encabezada por Héctor Martínez Castuera posiciona la capacitación como política pública transversal en seguridad y desarrollo social
Ciudad de México. En un contexto donde la seguridad pública y la política social convergen cada vez más, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), adscrita a la Secretaría de Educación Pública, retomó el proyecto de suscribir un convenio de colaboración con la Dirección General de Trabajo y Capacitación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPSC), con el objetivo de llevar formación técnica y desarrollo de habilidades laborales a personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
El proyecto, impulsado por instrucciones de Francisco Garduño Yáñez, director general de la DGCFT, se inserta en una lógica más amplia: convertir la capacitación para el trabajo en un instrumento estratégico de reinserción social efectiva, más allá del enfoque tradicional de contención penitenciaria.
En la reunión de coordinación, encabezada por el Dr. Héctor Leoncio Martínez Castuera, coordinador de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de Capacitación para el Trabajo, se delinearon los alcances de una estrategia que busca institucionalizar la formación laboral dentro del sistema penitenciario federal.
Capacitación: eje estructural de la reinserción
El planteamiento tiene sustento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la capacitación para el trabajo como uno de los pilares obligatorios para lograr la reinserción social. Sin embargo, en la práctica, la implementación ha sido desigual y, en muchos casos, limitada a esfuerzos aislados.
La nueva ruta busca romper esa inercia.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sistema penitenciario mexicano alberga a más de 220 mil personas, muchas de las cuales carecen de certificación laboral formal, lo que limita sus posibilidades de reintegración económica al recuperar su libertad.
Bajo este contexto, el convenio en construcción plantea no solo impartir cursos, sino avanzar hacia esquemas de certificación de competencias que tengan valor en el mercado laboral.
De la contención a la productividad
El enfoque que impulsa la DGCFT introduce un cambio conceptual relevante: desplazar la lógica del sistema penitenciario como espacio exclusivamente de resguardo, hacia un modelo que incorpore la formación productiva como herramienta de seguridad pública de largo plazo.
En términos estratégicos, la capacitación dentro de los CEFERESOS apunta a:
• Reducir los niveles de reincidencia delictiva
• Generar condiciones reales de empleabilidad post-liberación
• Vincular perfiles formados con sectores productivos específicos
• Integrar a poblaciones vulnerables a circuitos económicos formales
Este modelo ha sido explorado de manera parcial en algunos sistemas estatales, pero el reto —y la apuesta— es escalarlo a nivel federal con respaldo institucional y coordinación intersectorial.
Un modelo articulado de Estado
La participación de la DGCFT permite incorporar al proyecto la infraestructura nacional de capacitación técnica, que incluye más de 200 centros entre CECATI e institutos estatales (ICAT), así como experiencia acumulada en formación para el empleo en sectores estratégicos.
En este sentido, el papel del Dr. Héctor Martínez Castuera adquiere relevancia operativa y política. Desde su coordinación, ha impulsado una visión en la que la capacitación no se limita al ámbito educativo, sino que se articula con agendas de desarrollo económico, inclusión social y, en este caso, seguridad pública.
Su enfoque plantea que la formación técnica debe responder a contextos reales, incluyendo aquellos donde la exclusión social ha sido un factor determinante.
Reinserción con impacto medible
Uno de los desafíos centrales del proyecto será traducir la capacitación en resultados verificables. Esto implica avanzar hacia indicadores claros como:
• Número de personas certificadas dentro de centros penitenciarios
• Inserción laboral efectiva tras la liberación
• Reducción de reincidencia entre población capacitada
• Participación del sector privado en esquemas de vinculación laboral
La coordinación con instancias operativas del sistema penitenciario federal, particularmente el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, será clave para garantizar la implementación.
Un cambio de narrativa
Más allá de la dimensión técnica, el proyecto abre una discusión de fondo sobre el papel del Estado frente a la población privada de la libertad.
La apuesta no es menor: transformar la narrativa de la reinserción social en México, pasando de un enfoque declarativo a uno basado en capacidades, productividad y oportunidades reales.
En ese tránsito, la capacitación para el trabajo deja de ser un componente complementario y se posiciona como un eje estructural de política pública.
Al concretarse, el convenio entre la DGCFT y la SPSC no solo se ampliaría el acceso a formación dentro de los CEFERESOS, sino que podría marcar un precedente en la forma en que México entiende la seguridad: no solo como control, sino como construcción de futuro.
